A vueltas con la polimedicación innecesaria

Este domingo pasado, 65YMAS publicaba un artículo, firmado por Pablo Recio, titulado "Mayores polimedicados sin necesidad: los consejos farmacoterapéuticos, la solución del Gobierno". El artículo se refiere al anteproyecto de la nueva Ley de los medicamentos y productos sanitarios, impulsado por el Ministerio de Sanidad y aprobado en abril de 2025 en primera vuelta, que incluye varias medidas que podrían ayudar a limitar la polimedicación de las personas mayores y, en particular, la inadecuada.

Es obvio que la polimedicación, especialmente en personas mayores, es un verdadero problema de salud pública con serios riesgos para la salud. En el mismo artículo se señala que, según el informe Utilización de fármacos crónicos en las personas polimedicadas de 65 y más años y su relación con la morbilidad, cerca de tres de cada 10 personas de más de 65 años consume cinco o más pastillas de forma recurrente.

Este fenómeno se explica, en parte, por la prevalencia de enfermedades crónicas en este grupo de población, pero también tiene relación con fallos en el sistema sanitario, como la prescripción en cascada, la falta de revisión periódica, la automedicación y el uso de remedios alternativos, la fragmentación de la atención o la falta de longitudinalidad.

Para hacer frente a este problema de salud que, cabe decirlo, afecta a todo el conjunto de la población española, también a los niños y adolescentes, el Gobierno español ha tomado la iniciativa de crear los Consejos de Coordinación Farmacoterapéuticos, que actuarán en las Zonas Básicas de Salud. Estos Consejos estarán compuestos por una representación de los médicos de Atención Primaria (AP), los enfermeros de AP, los farmacéuticos titulares de las oficinas de farmacia situadas en dicha zona básica de salud, los centros sociosanitarios situados en dicha zona y el Servicio de Farmacia Hospitalaria perteneciente al hospital más directamente vinculado a la misma.

¿Qué se puede decir de tal iniciativa? En primer lugar, que podemos aplaudirla, ya que es señal de que la Administración es consciente del problema y quiere ponerle solución. Sin embargo, conviene entrar en el detalle.

En el anteproyecto se establece que los miembros de los Consejos se reunirán trimestralmente para analizar, se supone, la evolución de las prescripciones de fármacos, su idoneidad, las interacciones farmacológicas, los efectos secundarios, etc. Ahora bien, la experiencia nos muestra que estos tipos de medidas acaban transformándose en instrumentos de control que incidirán, muy probablemente, en los objetivos que deberán cumplir los profesionales de las áreas básicas de salud.

Un ejemplo que ya se viene utilizando desde hace varios años: la administración autonómica establece un objetivo para los profesionales sanitarios formulado en términos de un cociente entre fármacos convencionales (los tradicionalmente utilizados en el tratamiento de un determinado grupo de enfermedades) y los nuevos fármacos, de “última generación”, más caros pero más eficaces (supuestamente). Estos fármacos han sido autorizados por la Administración del Estado. La trampa consiste en que el médico de Atención Primaria no puede sobrepasar un determinado valor del cociente si no quiere ver penalizada su nómina, la parte que está condicionada al cumplimiento de los objetivos. No voy a entrar en los aspectos éticos de tal medida, incluso se puede estar de acuerdo en la finalidad: control del gasto farmacéutico; lo que sí es discutible es la contradicción existente en aprobar un nuevo fármaco y, al mismo tiempo, penalizar su prescripción.

En el caso que nos ocupa nos encontramos con la instauración de un mecanismo de control de la prescripción de medicamentos a través de unos consejos interdisciplinarios, pero, y esta es la cuestión crucial, sin que se aborden los factores principales que generan un incremento innecesario de las prescripciones de fármacos. ¿A qué factores me refiero?

En primer lugar, a la epidemia de los diagnósticos. Esta epidemia va ligada a otro fenómeno, muy típico de las sociedades del denominado Primer Mundo, que consiste en convertir un malestar o un síntoma en una enfermedad o un trastorno mental. Así, cuando un niño no presta la debida atención en clase o bien se mueve en “exceso” corre el riesgo de que se le diagnostique un Trastorno por déficit de atención (TDAH). Sin embargo, este mismo niño puede mostrar una hiperatención y una escasa o nula movilidad cuando se enfrenta a un videojuego de estrategia. El supuesto trastorno desaparece en el momento en que ese niño realiza una actividad que le genera una alta motivación. En otras palabras, frente al videojuego desaparece el diagnóstico de TDAH y es sustituido por el de “escasa o nula motivación escolar”, un trastorno que todavía no ha sido incluido en los manuales diagnósticos de trastornos mentales. Si tenemos en cuenta que, una vez instaurado el diagnóstico, viene el tratamiento, muchas veces farmacológico, se entenderá el considerable incremento de las prescripciones de fármacos.

En segundo lugar, tenemos el factor “relación médico/a-paciente”. En mi opinión, este es un factor decisivo. Cuando una persona acude a su centro de salud refiriendo un determinado nivel de sufrimiento –dolor en la rodilla, dificultades para conciliar el sueño o tristeza por sentirse sola– es fundamental que el profesional sanitario que la atiende acoja aquella queja, le dedique el tiempo necesario para escucharla y, al final, pueda recomendarle medidas para aliviar su sufrimiento. Y esas medidas no pasan necesariamente por la prescripción de un medicamento.

El doctor Joan Ramon Laporte, en su libro Crónica de una sociedad intoxicada, publicado en el año 2024, escribe que una de las indicaciones más frecuentes de los AINE (antiinflamatorios no esteroidales) es la artrosis. Laporte explica que lo más importante en los casos de artrosis es hacer ejercicio para reforzar la musculatura y mover las articulaciones. Es obvio que para ello es necesario que el profesional de la salud pueda dedicar el tiempo suficiente para evaluar el dolor y las limitaciones funcionales inherentes a esa artrosis, más aún, es importante que pueda aplicar la denominada Prescripción social, que conectará al paciente con aquellas actividades municipales que fomenten el ejercicio físico.

Para concluir, la iniciativa del Gobierno de España es loable y hay que apoyarla, pero si realmente se pretende incidir en la prescripción exagerada de medicamentos en nuestra sociedad es necesario actuar en aquellos factores generadores de enfermedades artificiales y, al mismo tiempo, potenciar el tiempo de escucha respetuosa de los malestares de la vida cotidiana.