El sistema de dependencia sigue teniendo grandes carencias y no llega a todo el mundo. Un estudio codirigido por el ex secretario de Estado de Derechos Sociales y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Ignacio Álvarez, asegura que la brecha "absoluta" de los cuidados, entendida como el porcentaje de personas mayores que afirman tener "limitaciones severas" –cogiendo datos de Eurostat– y que no reciben una ayuda de la administración acorde a su situación, se sitúa en el 63,1%. 

Es más, este porcentaje aumenta hasta el 72,4%, cuando se habla ciudadanos de más de 65 años que reconocen tener "alguna limitación".

Y, en concreto, si se analiza por género, la diferencia es mayor en los hombres –cerca del 80% están sin atención pública– que en las mujeres –68,1%–, lo que se debe, analizan los autores, a que ellos suelen depender más del cuidado informal que asumen las mujeres, mientras que ellas se ven obligadas a recurrir en mayor medida al sistema público. 

El equipo de investigadores dirigido por el ex secretario de Estado también cuantifica cuál sería la brecha "relativa" de los cuidados, es decir, las personas que sí que atiende el sistema pero que están insatisfechas con las prestaciones que se les han asignado. En este caso, la proporción es del 28%. 

Estos datos son algunos de los más destacables que se desprenden del estudio El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España, presentado este lunes en el Círculo de Bellas Artes, con la presencia destacada del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. 

El trabajo se enmarca en IBERLONGEVA, un proyecto transfronterizo de cooperación entre España y Portugal aprobado en el marco del Programa Interreg VI-A España–Portugal (POCTEP) 2021–2027, y cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). La iniciativa está promovida por la Universidad de Salamanca, a través de CENIE, con la participación de la Universidad de Vigo y el Instituto Politécnico de Bragança.

El estudio

El estudio concluye que los cuidados de larga duración deben reconocerse como "un derecho social y un bien público esencial", aunque advierte que el actual Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se encuentra "estructuralmente infradesarrollado".

Los autores denuncian importantes déficits como la "insuficiencia de servicios, retrasos administrativos prolongados" y una "financiación claramente insuficiente", lo que provoca que la brecha de cuidados alcance "niveles preocupantemente elevados".

Al no cubrir la demanda, se consolida un modelo "excesivamente familiarista e informal" con grandes desigualdades territoriales que sobrecarga a las familias y perjudica especialmente a las mujeres. 

Por ello, el documento urge a abandonar el sistema asistencialista para transitar hacia un nuevo modelo "centrado en la persona, de base comunitaria y con enfoque de derechos humanos".

En su vertiente económica y laboral, la investigación alerta de que el sector sufre una "elevada feminización" y cuenta con plantillas de una "edad media elevada", denunciando que la "precariedad laboral en el empleo de cuidados es estructural y muy superior al resto de la economía".

Para hacer frente al "reto estructural e inaplazable" que supone el rápido envejecimiento demográfico, los expertos reclaman "aumentar de forma sostenida la financiación pública" hasta alcanzar al menos el 1,3% del PIB en 2030.

Finalmente, exigen un "cambio de narrativa" para dejar de tratar los cuidados como un gasto y reconocerlos como una "inversión estratégica para el desarrollo económico y social", ya que inyectar recursos en este sector genera un "elevado efecto multiplicador sobre el empleo, el PIB y los ingresos fiscales".

"El camino que queda por andar es muy notable"

Durante la presentación del estudio, Ignacio Álvarez, co-director del mismo y, actualmente, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, ha puesto énfasis en los retos pendientes del sistema, a su parecer, como pueden ser el acabar con el "sesgo" hacia prestaciones familiares (PECEF) –son el 31% del total de ayudas–, el desarrollar la figura de la "asistencia personal" o el apostar por la compatibilidad entre "prestaciones". 

Además, ha situado la falta de financiación como otro desafío, recordando que España destina cerca del 1% del PIB –pese a los esfuerzos realizados en los últimos años– frente a una media de la OCDE que estaría en el 1,7% o de los países nórdicos, en el 3-4%. "El camino que queda por andar es muy notable", ha valorado.  

Por otro lado, en su intervención, Álvarez también se ha referido brevemente al cambio de modelo de residencias –más hogareñas, unidades de convivencia, centros pequeños, más personal...–, que él mismo impulsó, cuando era Secretario de Estado, con la aprobación del nuevo Acuerdo de Acreditación de 2022.

En particular, ha señalado que estos servicios se "siguen prestando", en buena parte de los casos, "como hace cinco o 10 años", con una "atención excesivamente protocolizada”, afirmando que, por ejemplo, el 75% de los usuarios siguen “compartiendo habitación” y más de la mitad de plazas son en grandes edificios. "Este cambio necesita todavía de un empuje institucional notable", ha comentado. Asimismo, ha pedido que "no se detenga" la mejora de las "cuantías económicas" del conjunto de ayudas y de las "intensidades" en la atención en domicilio. 

El precio de los cuidados familiares

Otro de los asuntos que el estudio analiza es el peso económico de los cuidados informales. Este aspecto ha sido desarrollado, durante la presentación, por Jorge Uxó, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y co-director también de esta investigación.

Concretamente, ha detallado que el tiempo dedicado por las familias –principalmente, por mujeres, con los sacrificios que implica para sus carreras profesionales y su salud– a los cuidados equivaldría a 3,2 millones de empleos a tiempo completo y a entre el 3,6% y 4,7% del PIB. 

Necesidad de financiación

En el marco de su intervención, el experto también se ha referido a otro aspecto fundamental en el estudio: la falta de financiación y la necesidad de incrementar los fondos, en un marco de progresivo envejecimiento de la población. 

En particular, ha afirmado que, de aquí a 2030, la inversión debería multiplicarse por 2,5, sólo para hacer frente al aumento de dependientes, sin mejorar la calidad –esto requiere una cuantía suplementaria– y ha advertido que, si no se hace, se corre el riesgo de un "deterioro" del sistema.

A continuación, el experto se ha referido al impacto positivo para la economía de esta partida, señalando que, por cada euro destinado, el PIB aumenta 1,6 euros y, en paralelo, las administraciones ingresan 49 céntimos. 

Cambio de modelo y Ley de Dependencia

La jornada de presentación del estudio también ha contado con la intervención destacada del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, encargado de clausurar el acto.

El político ha advertido que se corre el riesgo de que se cuele el falso marco discursivo de la "guerra entre generaciones" en el debate sobre el cambio del modelo de Dependencia, que incluye medidas como la reforma de la Ley –actualmente en trámite parlamentario–.  

Con todo, ha afirmado, que “tenemos una grandísima oportunidad, en medio de estas condiciones difíciles”, de modificar el sistema.

Un cambio, ha detallado, que pasa por la valoración de los cuidados, por cumplir con el "compromiso" de aumentar la financiación –en el marco de las prórrogas presupuestarias no se ha incrementado como estaba previsto– y de mejorar las condiciones de trabajo. 

Además, durante el acto también se ha celebrado una mesa redonda, con la participación de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, del presidente del Conselho Económico e Social de Portugal, Luís Pais Antunes, y de la escritora, socióloga y economista, Brenda Navarro. 

Martínez ha reconocido que la financiación del sistema "sigue siendo insuficiente", pese al incremento "inédito" que se realizó con el Plan de Choque.

En ese sentido, ha pedido “ir más allá”, adelantando que están realizando un estudio, “junto al Ministerio de Ciencia”, para encontrar otras vías para aumentar los fondos.

La secretaria de Estado también se ha referido a la necesidad de poner el foco en la mejora del servicio de la ayuda a domicilio y ha afirmado que el cambio pasa por más intensidad y flexibilidad, modificar el enfoque, trabajar en red y mejorar las condiciones laborales. 

Por su parte, Luís Pais Antunes ha pedido cambiar "culturalmente nuestro modo de vida" y apostar por la “incorporación de la tecnología” en el mundo de los cuidados.

Ha afirmado igualmente que el aumento de los fondos para esta partida es un "gasto" pero también "una inversión" –más empleos, diminuye el "aislamiento" y la "delincuencia"…– y ha explicado que es fundamental asimismo para reducir "costes futuros" y "desigualdades sociales”, así como para generar un impacto económico positivo. 

"Mientras no tengamos en cuenta que el trabajo de cuidados tiene un precio real en el mercado, vamos a hacernos las preguntas incorrectas”, ha reflexionado Brenda Navarro. “¿Para qué queremos ser longevos si vamos a estar en espacios de cuidados que no son suficientes?”, se ha preguntado.

Cabe señalar que la jornada también ha contado con la intervención del director del CENIE, Juan Martín, quien ha reclamado que los cuidados no se sigan tratando como una cuestión “secundaria” y ha explicado que han promovido el estudio, codirigido por Ignacio Álvarez, con la convicción de que "no es un asunto privado, que se resuelve, casi por inercia, en los hogares", sino que "debe ser una política de país", afirmando que es "una de las grandes pruebas de madurez del Estado del Bienestar".

Por ello, ha advertido que un "país moderno no puede funcionar con un sistema del pasado" y ha avisado que, cuando el cuidado no se ordena y el modelo falla, "la factura no desaparece, cambia de bolsillo", criticando que el peso recae finalmente en las familias, los usuarios y en las trabajadoras –con sueldos precarios–, generando, al mismo tiempo, pérdida de talento y desigualdad. 

Este punto de vista ha sido compartido por el investigador de la OCDE, Jacek Barszczewski, a cargo también de otra ponencia. En su caso, ha pronosticado que, debido al progresivo envejecimiento la población, "seguir incrementando la fuerza laboral será difícil", es decir, "ampliar los cuidados formales". Por esa razón, ha argumentado, cabe la posibilidad de que una parte mayor de este esfuerzo pueda "recaer en las familias”, recordando que "los cuidados informales no son gratuitos".