Pensiones

El Gobierno quiere retrasar la jubilación, por las buenas (incentivos) o las malas (penalización)

Pepa Montero

Viernes 6 de marzo de 2020

6 minutos

Escrivá se compromete a subir las pensiones mínimas y prevé mantener en el 70% la tasa de reemplazo

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El Gobierno de Pedro Sánchez está decidido a que los españoles retrasen su edad de jubilación, ya sea de manera voluntaria (incentivos positivos) o de forma inducida (penalizando las jubilaciones voluntarias antes de la edad legal), como una de las palancas para apuntalar la sostenibilidad del sistema de pensiones, sobre todo teniendo en cuenta que entre 2020 y 2045 se jubilarán 11 de millones de personas, lo que añadirá una presión extra al gasto del Estado para pagar las nóminas mensuales de los pensionistas.

Tal y como ha avanzado este jueves el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (@inclusiongob), José Luis Escrivá (@joseluisescriva), la intención del Ejecutivo de coalición es endurecer el régimen actual de las jubilaciones anticipadas, así como mejorar los incentivos económicos y legales para lograr que la edad real de jubilación (no llega a los 64 años) se aproxime a la edad legal (hoy día, 35 años y 10 meses con menos de 37 años cotizados). Y es que, según las cifras facilitadas por el propio ministro en su primera comparecencia en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, el volumen de jubilaciones voluntarias representa el 16% del total en 2019, y en cinco años, han crecido un 66%.

 

El ministro Escrivá junto a Magdalena Valerio, presidenta del Pacto de Toledo
El ministro Escrivá junto a Magdalena Valerio, presidenta del Pacto de Toledo.

 

Según Escrivá, para la salud del sistema es perentorio conseguir que los trabajadores se jubilen más tarde, puesto que "por cada año en que la edad efectiva de jubilación aumenta, resolvemos un 25% del problema entre el gasto actual de pensiones y el gasto de futuro”. El ministro ha adelantado que se van a rediseñar los incentivos positivos para demorar la jubilación, algunos de los cuales, como la jubilación activa, "no están funcionando". Tampoco la jubilación demorada –se añade un porcentaje adicional por cada año cotizado por encima de la edad legal de jubilación- se conoce ni se utiliza. 

El nuevo ingreso vital servirá también para subir la pensión mínima

El Gobierno es consciente de que en España existen pensiones muy bajas con complementos muy bajos, al decir del ministro. Para mejorar esta realidad, se utilizarán palancas redistributivas, entre los que ha citado expresamente el nuevo ingreso mínimo vital: "Habrá complementos por esa vía para pensiones mínimas, que servirán para mejorar los complementos de mínimos ya existentes. El engarce entre esas dos figuras hay que coordinarlo en el tiempo, y también hay que coordinarlo con los ingresos mínimos que existen en las comunidades autónomas". 

Otro de los compromisos esbozados por el responsable de la Seguridad Social apunta a mantener la tasa de reemplazo de las pensiones en el 70%. Asimismo, la Seguridad Social será más explicita e informará sobre las pensiones del futuro, pero "el problema es que tiene que haber marco estable para calcular la pensión futura, y ese marco estable corresponde al Pacto de Toledo", ha reconocido el ministro, quien también ha anunciado que prepara un inminente decreto ley para actualiza la base máxima cotización y también la base de los autónomos.

Ha expresado Escrivá su rechazo casi absoluto a las cuentas nocionales, "un modelo alternativo que requiere periodos de transición muy largos y precisa un elevado consenso", motivo por el cual, y "dada la urgencia que tenemos de ofrecer certidumbre a los pensionistas", le parece "un camino prácticamente impracticable". 

 

🎥 @joseluisescriva: "El borrador del #PactodeToledo es un punto de partida excelente para desarrollar el modelo de #pensiones del futuro" pic.twitter.com/s5bNf8c4sN

 

Fomentar los planes de pensiones de empresa

Una de las medidas estrella anunciadas este jueves por Escrivá es seguir la recomendación 16 del borrador del Pacto de Toledo , que apuesta por “impulsar fiscalmente, de forma preferente, los sistemas sustentados en el marco de la negociación colectiva” trasladando progresivamente los beneficios fiscales de los planes individuales a los colectivos. En este sentido, se ha constatado un estancamiento de los planes colectivos, frente al crecimiento del patrimonio invertido en planes individuales, a pesar de que la rentabilidad de los primeros es mayor y sus comisiones son menores.

"La rentabilidad media de los planes de pensiones entre 2009 y 2019 muestra que los planes de empresa son mucho más rentables que los individuales: el 4% de rentabilidad en los planes de empleo frente al 2,5% de los individuales", ha desgranado el ministro. Y gran parte de la culpa la tienen "las comisiones, que en los individuales es del 1,2%", lo que redunda en que sea "un producto extraordinariamente caro”.

En este sentido, la patronal Inverco (@INVERCOinfo) ha valorado positivamente la intención del Gobierno. "Estamos de acuerdo en que hay que fomentar el sistema de empleo progresivamente. Esto no va en contra de los planes del sistema individual, sino que está alineado", sostiene el presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama. "En la medida en que el sistema de empleo aumente su propia cobertura, entonces no habrá que eliminar una deducción al sistema individual, sino que, simplemente, de forma voluntaria, los individuos no los harán, porque ya tendrán la cobertura empleo", ha explicado Martínez-Aldama. El presidente de Inverco lamenta, eso sí, que el sistema de planes de empleo español, tras 30 años con un sistema de voluntariedad, cubre "escasamente al 10% de los trabajadores".

Lo que el Pacto de Toledo pide al ministro Escrivá

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha hecho hincapié en que el sistema se tiene que basar en cotizaciones, la lucha contra el fraude, las políticas de empleo, la edad de jubilación y en las prestaciones no contributivas. Por su parte, el diputado de EH-Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo, ha pedido compromiso para los afectados por los coeficientes reductores y tener una visión crítica,

El representante del PNV, Íñigo Barandiaran, ha señalado que el resultado de la Comisión debe aportar garantías de que en el futuro se va a mantener, porque "lo importante del sistema no es tanto el que se produzca el acuerdo formal en sí, sino que se garantice al colectivo de que el sistema va a permanecer y mantener prestaciones".

La diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, María Muñoz Vidal, también cree que se debe cerrar el déficit a corto plazo y que subir las bases de cotización es "la medida más directa para recaudar más". En cuanto a María del Carmen Pita, de Unidas Podemos, ha instado a no devaluar las pensiones y garantizar que los pensionistas desarrollen "una vida digna".

Expertos abogan por reducir la tasa de sustitución 

Mientras el ministro Escrivá confía en que en el futuro se pueda mantener la tasa de sustitución de las pensiones en el 70%, los expertos de la Funcas (@FUNCASES) consideran que la reforma de las pensiones es un "objetivo irreemplazable" para alcanzar un sistema suficiente y sostenible, y que será preciso reducir la tasa de sustitución, una de las más altas de Europa, y más concretamente actuar sobre los parámetros que determinan la pensión inicial, y sobre la edad efectiva de jubilación.

Tal y como exponen los expertos Miguel Ángel García, José Ignacio Conde-Ruiz (@conderuiz) y Juan Francisco Jimeno, que instan a acometer la reforma del modelo actual lo antes posible para poder repartir los costes del ajuste entre las distintas generaciones. El problema, explican, no es sólo el déficit actual del sistema (1,4% del PIB), sino su evolución futura debido el aumento de la tasa de dependencia, el impacto de la nueva revolución tecnológica sobre el empleo y los salarios, y la mayor esperanza de vida.

Para Funcas, el gasto en pensiones contributivas se ha multiplicado por más de cinco desde 1977 por el mayor número de pensiones (de 3,8 a 9,7 millones) y la mayor cuantía media (de 418,33 a 927,87 euros mensuales constantes de 2018). En cuanto a los ingresos, las prestaciones de la Seguridad Social (sin incluir la protección por desempleo) pasaron de representar el 5,95% del PIB en 1977 al 11,80% en 2018, mientras que las cotizaciones sociales (también sin las destinadas al desempleo) pasaron del 9,97% del PIB al 9,52%.

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