Asociaciones de autónomos reclaman bonificar las cuotas a quien gane menos del salario mínimo

Saiz defiende el sistema de cuotas de autónomos: "Su pensión sube más que la de los asalariados"

La pensión de jubilación de los autónomos, 1.011 euros, es la más baja de todos los regímenes

 

Continúan llegando las propuestas para la reforma de la cotización y las nuevas cuotas a abonar por los profesionales autónomos desde 2026, después del revuelo causado por el primer plan del Gobierno y tras la última proposición en firme de la ministra Elma Saiz, consistente en congelar las cuotas a quienes menos ingresen, y una subida progresiva a los tramos altos de rendimientos netos. 

En este caso, las sugerencias llegan desde las asociaciones de autónomos Uatae (@uatae_es), Fenadismer, COAG y Fedepe, que piden al Gobierno bonificar parcialmente las cuotas de los autónomos con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI) o que se encuentren en tramos intermedios de ingresos, para evitar que la base de cotización no se reduzca de manera proporcional a la cuota.

La propuesta, que se llevará a la mesa de negociación con Seguridad Social, plantea que la bonificación debería ser regresiva, de manera que sea mayor en los tramos inferiores y se vaya reduciendo según se avance hacia los tramos intermedios, descartando totalmente su aplicación en los tramos de ingresos más altos.

Con esta bonificación se contribuiría además a reducir la brecha en las pensiones de las mujeres autónomas en la medida en que tienen una mayor proporción de representación en los tramos de ingresos más bajos, según los proponentes.

"No nos negamos a pagar. Lo que queremos es pagar bien, pagar mejor, pagar cada uno lo que le corresponde y que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tenga un nivel de protección suficiente", ha declarado la secretaria general de Uatae, María José Landaburu.

Lo que se pretende con esta propuesta, explica Landaburu, es que los tramos de ingresos más altos comiencen a cotizar y abonar la cuota que verdaderamente les corresponde conforme a su poder adquisitivo. No se trata, alega, de subir sus cuotas, sino de reducir o eliminar "el privilegio de libertad de elección de bases y cuotas del que hasta ahora vienen disfrutando" para evitar que infracoticen voluntariamente.

"Esto implica que si los autónomos que se encuadran en los dos tramos más altos (rendimientos de más de 4.050 euros mensuales), que suponen apenas el 13% del total de afiliados al RETA, cotizasen en función de sus ingresos, se inyectarían automáticamente unos 3.900 millones de euros", sostienen los autores de esta propuesta.

"La tarifa plana no es efectiva", critican

Estas cuatro organizaciones plantean que se utilice el dinero que actualmente se destina a financiar la tarifa plana de 80 euros/mes que pagan los autónomos cuando inician una actividad y cuyo coste estiman en unos 1.000 millones de euros anuales.

En su opinión, la tarifa plana no resulta efectiva para el objetivo para la que fue creada: fomentar el empleo autónomo, pues cada año se benefician de ella el mismo número de autónomos, unas 400.000 personas, sin que, al cabo de los dos años en los que puede disfrutarse, aumente el número de afiliados al Régimen de Trabajadores Autónomos (RETA) en la misma proporción, ya que se dan de baja una vez finalizada su vigencia.

Además, denuncian "ciertos usos desviados" de la tarifa plana que la convierten en un elemento que precariza el empleo autónomo, pues ésta se utiliza por las empresas para la contratación de falsos autónomos que, al finalizar los dos años de alta, son despedidos y no tienen derecho a prestación por cese de actividad porque en la tarifa plana no está incluida esa cobertura.

Reclaman subsidio de paro para mayores de 52

La propuesta de Uatae, Fenadismer, COAG y Fedepe reclama también extender los subsidios por desempleo para mayores de 52 años al trabajo autónomo, así como reformar la prestación por cese de actividad.

Sobre este último punto, proponenmque las causas económicas que motiven el acceso a la prestación por cese de actividad incluyan la existencia de pérdidas actuales, sin necesidad de que se prolonguen durante un año completo, ni de que alcancen un porcentaje determinado de los ingresos. También en aquellos casos en los que se prevean pérdidas, pero no existen en la actualidad.

Además, plantean simplificar la documentación que se les exige a los trabajadores autónomos económicamente dependientes (aquellos cuyos ingresos proceden al menos en un 75% de un único cliente) y a los autónomos del sector agrario para acceder a la prestación por cese de actividad.

Las cuatro organizaciones quieren que la cotización por cese de actividad sea obligatoria para todos los afiliados al RETA, pues actualmente hay determinados colectivos que no cotizan por esta contingencia. Es el caso de quienes pagan la cuota reducida inicial y que, si tras dos años de actividad, no consiguen consolidar su negocio y tienen que darse da baja, no pueden acceder al cese de actividad por no haber tenido la posibilidad de cotizar por esa contingencia, ni siquiera voluntariamente.

Cuota de solidaridad, también en el RETA

También plantean la posibilidad de actualizar la base de cotización de 31 de diciembre de 2022 conforme al IPC, con el objetivo de que se puedan mantener las expectativas de cotización y pensiones que los autónomos tenían antes de la entrada en vigor del nuevo sistema de cotización por ingresos reales.

Sin embargo, en la medida en que en los ejercicios 2023 a 2025, la misma no ha sido actualizada, proponen la actualización acumulada para el año 2026, incluyendo la variación del IPC de esos 3 años, pasando después a revalorizarse anualmente.

Asimismo, plantean que, a partir de la regularización del año 2026, si no se solicita la devolución de cuotas en caso de tener derecho a ella, se entienda que se ha renunciado a la misma para mantener la base de cotización de 31 de diciembre de 2022 actualizada.

También proponen la posibilidad de aumentar la base de cotización a determinados colectivos que, por razón de enfermedad o discapacidad, pueden ser necesitados de mayor protección social para garantizar la suficiencia de las prestaciones.

En otro orden de cosas, para garantizar la estabilidad financiera y de tesorería de los trabajadores autónomos, abogan por que se pueda solicitar un fraccionamiento automático, a través de un procedimiento diferente y más ágil que el ordinario, de hasta 12 meses, para aquellos casos en los que el resultado de la regularización sea a ingresar.

En su propuesta, las cuatro organizaciones apuestan además por dar la posibilidad de optar por una base de cotización de referencia voluntaria cuando los rendimientos resultantes son inferiores al SMI. Dicha base se fijaría entre el SMI y 1,2 veces el SMI.

Al mismo tiempo, plantean que la cuota de solidaridad que entró en vigor a principios de este año y que no se aplica en el RETA se haga extensible a este régimen en las mismas condiciones. Una vez desplegada en su totalidad, la recaudación estimada por este concepto superaría los 2.500 millones de euros, según sus cálculos.