Domingo 15 de febrero de 2026
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El incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad dibujan a la larga un inviable futuro del sistema público de pensiones. En pocos años dicen algunos expertos se producirá la quiebra de la Seguridad Social. El tiempo va transcurriendo y hasta la fecha no se han cumplido los pronósticos. La incorporación de más mujeres al mercado laboral y el incremento del número de afiliados a la Seguridad Social nos hace sobrevivir de momento.
Pero la auténtica amenaza sobre las pensiones es cuando la Seguridad Social actúa como algo distinto y separado de las prestaciones del Estado. La protección social de una nación no es algo accidental del Estado, sino una responsabilidad constitucional de éste. El Pacto de Toledo estableció la segregación de los medios de financiación entre el Estado y la Seguridad Social, en el cual determinadas prestaciones pasaban a ser responsabilidad del Estado y a financiarse con los presupuestos del Estado y otras quedaban dentro del ámbito de la Seguridad Social, siendo financiadas con las cotizaciones de los afiliados.
Es normal que el Estado se responsabilice junto con la Seguridad Social de pagar parte del sistema público de pensiones a cargo de las cotizaciones sociales, pero no hay motivo para que las pensiones deban ser financiadas exclusivamente con las cotizaciones de los afiliados. Nuestro modelo de pensiones necesita ser sostenible y para eso ha de ser la sociedad entera, a través de los Presupuestos del Estado, la que sufrague la financiación de las pensiones.
No podemos estar sometidos cada año a una lucha política constante entre partidos para su revalorización. El ser jubilado es una situación que se nos da con los años, pero el ser pensionista es una situación de hechos y circunstancias en el cual el sistema de pensiones debe ser una garantía regulada automáticamente por ley y no como hoy, que es discriminatoria e injusta porque beneficia a unos y castiga a otros.
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