Subir el IPC medio no garantiza el poder adquisitivo del pensionista
Foto: BigStock
Martes 10 de febrero de 2026
3 minutos
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En la actualidad, la revalorización de las pensiones se calcula en función del IPC medio, elaborado a partir de una cesta de bienes y servicios, que no refleja el consumo real de las personas pensionistas.
Esta cesta incluye partidas como ocio, turismo, bienes tecnológicos, etc., que apenas forman parte del gasto habitual de un gran porcentaje del colectivo pensionista, mientras que los productos esenciales quedan diluidos en una media que rebaja artificialmente la subida final.
En nuestro país, la pensión media contributiva es de 1.315 euros mensuales. Alrededor del 80% de los ingresos se destinan a cubrir alimentación, electricidad, otros combustibles, vivienda y medicamentos.
La subida media de estos productos ha sido:
- Alimentación: 2,4%.
- Gastos de vivienda, electricidad, agua y otros combustibles: 6,8%.
- Medicinas: 2%.
En conjunto, la subida media de estos productos suponen una media del 3,7%, un punto porcentual superior al 2,7% que se ha aplicado a la revalorización de las pensiones en 2026.
Sobre el papel, las pensiones suben el 'IPC'. En la práctica, el coste real de la vida sube más para quienes vivimos de una pensión. La situación es más grave aún en el caso de las pensiones mínimas. Aunque estas reciban subidas porcentuales mayores, la cuantía de partida es tan baja, que el resultado sigue siendo insuficiente para vivir dignamente.
- La pensión de jubilación sin cónyuge se queda, después de la subida del 7,07%, en 936,20 euros mensuales.
- Con cónyuge a cargo y un porcentaje de subida del 11,4%, se sitúa en 1.255 euros.
En cuanto a las pensiones de viudedad, a las que se ha aplicado el 2,7% (excepto las que tienen familiares a cargo, que es una exigua minoría), se quedan en una paga media de 963 euros.
De estos datos podemos deducir que, en general, vamos acumulando pérdida de poder adquisitivo y que las subidas porcentuales mayores no son suficientes para disminuir la brecha de género, ni garantizar pensiones dignas que cobren al menos el salario mínimo interprofesional.



