Cuando sea mayor, no quiero ser político, pero quiero algunas de sus ventajas. Por ejemplo, que me entreguen la gestión de la Oficina del Español, que nadie sabe todavía para qué sirve, pero la pagan a 74.000 euros al año, que es una buena jubilación. Por ejemplo también, para poder expresar ideas geniales, como la de sustituir despidos por reducción de jornada. Y, sobre todo, para tener el privilegio que tienen los independentistas catalanes: pueden decidir y deciden qué es delito y qué no; qué sanciones administrativas (del Tribunal de Cuentas, sin ir más lejos) se deben pagar y cuáles pertenecen al comportamiento opresor del Estado, que están siendo todas; qué leyes están vigentes y qué leyes son una antigualla; quién es demócrata y quién es un puñetero fascista superviviente del franquismo; a la inversa, quién merece el fervor popular y quién está destruyendo la convivencia; quién puede destruir honras por el mero hecho de hacerlo en el Parlamento o en el mitin y quiénes tenemos que hablar con el abogado antes de publicar una crítica. Siempre hubo clases, dice el chascarrillo popular. Será eso.
