Tras el impacto del indulto de los líderes independentistas –negativo en gran parte de España, esperanzador en otros sectores y dudoso como promotor de concordia–, ahora se abren otros horizontes y desafíos. El primero es, naturalmente, abrir el anunciado diálogo para ver si es posible la convivencia bajo el paraguas de la Constitución. Y, entre las medidas anunciadas, la reforma del Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición y de esa forma hacer posible el retorno de Puigdemont, escandalosamente fugado de la Justicia y el hombre que más daño hizo a nuestro país en el exterior. Si esto fuese una película del Oeste, el cronista que suscribe pondría en el guion “yo no lo haría, forastero”. No reformaría el Código Penal porque lo que pretende el independentismo es que la sedición desaparezca como delito. No lo haría porque más de media España consideraría una bajada de pantalones que se cambiase la ley para ayudar a un prófugo. Y no lo haría porque un Estado de Derecho sometido al asedio del separatismo no puede quedarse sin armas para defenderse. Y mucho menos, bajo presión de quienes no aceptan nuestra democrática legalidad.
