Hay muchas diferencias en la forma de ver y afrontar la vida por los mayores en los últimos 40 años.

Una persona que haya nacido en 2016 tiene una esperanza de vida de 83,1 años, casi 10 años superior a la registrada en 1975. También en la última década, el sistema público de pensiones ha sido un elemento central para garantizar los recursos y las condiciones de vida, no sólo de las personas jubiladas, sino también de sus familias. Los altos niveles de paro y aumento de la precariedad del empleo han propiciado que muchas personas jubiladas se hagan cargo de los gastos de los hogares de sus hijos y nietos. Lo cual pone de relieve la importancia social y económica del sistema en relación a las condiciones de vida de la población en su conjunto.

Hoy en día cuando hablamos de la forma de ver la vida no podemos olvidar las poblaciones rurales las poblaciones envejecidas en el mundo rural son un importante desafío, pues existen en la actualidad numerosas barreras de cara a desarrollar un envejecimiento activo. Garantizar unos servicios públicos de calidad, tanto de salud como de atención a la dependencia y asegurar la participación social plena en el entorno en el que viven las personas mayores son elementos centrales a tener en cuenta. Es necesario, por tanto, atender a las características específicas del mundo rural, sus necesidades y recursos, así como las formas de convivencia, reparto de los cuidados y relaciones sociales que se establecen en este tipo de entornos. Actuar por un envejecimiento activo supone, al mismo tiempo, luchar contra la despoblación del mundo rural, pues a la vez que se garantizan las condiciones de vida de las personas mayores, se favorece la generación de actividad y empleo, la incorporación de personas jóvenes a estas poblaciones.

Para que las personas mayores puedan afrontar su vida en mejores condiciones, es necesario, mejorar sus condiciones de trabajo en las últimas etapas laborales, abordando la brecha de género y discriminaciones que se generan el ámbito del trabajo remunerado. Los últimos datos permiten constatar la existencia de una brecha de género en las pensiones, que se manifiesta tanto en la presencia de las mujeres en las pensiones de jubilación, como en las cuantías de las mismas. Así, hay menos mujeres que hombres en las pensiones contributivas de jubilación, y las que hay registradas presentan además pensiones con cuantías significativamente inferiores a las de ellos, la pensión media de las mujeres es 800 euros al mes, mientras que la de los hombres alcanzó los 1.254,69 euros

Ante la situación del sistema público de pensiones desde CCOO proponemos que las pensiones sean abordadas en el marco del Pacto de Toledo, así como en el ámbito del dialogo social. Se requiere visión a largo plazo y el máximo consenso posible, más que improvisaciones motivadas por necesidades coyunturales. CCOO recuerda que el consenso y decisión conjunta en el sistema de pensiones (acuerdos políticos y con los interlocutores sociales) es la mejor garantía del pacto intergeneracional que sustenta el sistema de pensiones. El conflicto social en torno a las pensiones es, por tanto, transversal. Afecta tanto a las personas que hoy cobran pensiones, como a las que contribuyen a financiarlas y las percibirán en el futuro.

Hoy se tiene una gran preocupación pues, el envejecimiento de la población en España se intensifica cada año que pasa. La población mayor crece y aumenta su proporción con respecto al resto, motivado entre otros factores por el aumento de la esperanza de vida y la caída de la natalidad. Hoy en día, España no sólo destaca por ser uno de los países europeos más envejecidos de Europa, sino además por ser uno de los países en los que este proceso tiene claramente rostro de mujer. Esto supone un importante desafío que es necesario abordar desde el punto de vista de las políticas públicas y el Estado de Bienestar y que será preciso seguir atendiendo en las próximas décadas, pues las estimaciones realizadas apuntan a la profundización del envejecimiento de la población.

Desde una perspectiva integral, las políticas públicas deberían atender de forma adecuada a esta diversa realidad de cara a garantizar la igualdad de oportunidades de las personas mayores, consiguiendo una mayor justicia social. Es reconocido que los sistemas públicos de salud, dependencia y servicios sociales son instrumentos esenciales para poder lograr vivir más años de vida en condiciones saludables y con mayor grado de autonomía. Pero además, constituyen la base de las políticas públicas para luchar contra las desigualdades en todas las etapas de la vida. Para lo cual es necesario abordar las diferencias territoriales existentes, así como la desigual cobertura de servicios y recursos públicos destinados a las personas mayores. 

El impulso de las políticas sociales requiere de mayores recursos y servicios públicos. España es uno de los países europeos donde se pone en evidencia que a menor gasto público, menor reducción de las desigualdades. En este sentido, frente a los recortes de los últimos años, es necesario plantear políticas presupuestarias centradas en los ingresos. Existe un amplio margen para mejorar la contribución fiscal en todos los tributos, así como para conseguir un sistema fiscal más justo, en el que haya un reparto más equilibrado de los esfuerzos. No se puede hacer cargar los costes de la crisis y la recuperación económica sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, tal y como se pretendía con los y las pensionistas. Las políticas públicas deben, por el contrario, proveer de recursos y servicios públicos suficientes para atender a las personas a lo largo de las distintas etapas de la vida, pues son en último término la garantía del ejercicio de los derechos sociales.


Julián Gutiérrez Del Pozo, Secretario General de Pensionistas de CCOO y miembro del Comité Asesor de 65Ymás.

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