“Solución inaceptable”. Esas dos palabras resumen el informe del Tribunal Supremo sobre los indultos de los políticos condenados por el llamado “procés”. Pese a todo, y aunque sean parciales, serán concedidos por un gobierno atrincherado en una evidencia legal: la decisión corresponde al Consejo de Ministros. Lo malo es que esa decisión estaba adoptada antes de que hablara el Supremo, lo cual demuestra cierto menosprecio institucional. Lo inquietante es que ninguno de los presos mostró arrepentimiento, y si eso es una condición exigida por la ley, hará que el gobierno cometa una ilegalidad. Lo deprimente es que cuestión tan sensible que levanta tantas pasiones no haya podido ser apalabrada entre el jefe del gobierno y el de la oposición, lo cual traslada su tensión a la sociedad. Lo triste es que los grandes administradores de la Justicia no consigan ver la utilidad pública que la ley exige y los gobernantes pregonan. Lo vejatorio para la Justicia será la previsible campaña que dirá que los indultos demuestran lo injusto de la sentencia. Y lo humillante para el país será escuchar a los indultados dos cosas: que ellos quieren la amnistía y que al minuto siguiente se ponen a trabajar. Naturalmente por la independencia.
