De todos los datos que se van conociendo del precio de la energía eléctrica, podemos hacer un esfuerzo y entenderlos casi todos. Por ejemplo, la subida del gas, que sigue siendo materia prima en la producción. Incluso, si me apuran, la repercusión de lo que España debe pagar por derechos de emisión de CO2, aunque es difícil justificar que lo tenga que pagar una familia como si fuese una fábrica que produce industrialmente ese tipo de emisiones. Incluso comprendemos los peajes que figuran en el recibo, que es algo que estaba asumido sin mayor queja de los usuarios. Lo que no podemos entender es lo que ayer recordó la vicepresidenta Teresa Ribera en su escrito a la Comisión Europea: que en la subasta diaria el precio sea marcado por el sistema de producción más caro, que es el gas, y no por el sistema más barato (casi gratuito) que es la energía renovable, eólica, hidráulica o solar. Este sistema supone algunos meses la mitad de la producción eléctrica total, pero la otra mitad, la cara, es la que decide. A eso, sencillamente, no hay derecho. No es que sea torpe e incluso impúdico; es de una injusticia descomunal.
