Susana Alcelay publica hoy en ABC un interesante informe, cuyos datos son conocidos, especialmente por los lectores de 65ymas.com; pero, puestos por orden como Susana los pone, producen una sensación de alarma. Empiezan por el gran titular de la información: “La espiral de gastos y una deuda de 100.000 millones anticipan una reforma dura de pensiones”. Después viene el detalle concreto; la deuda de la Seguridad Social representa el 8,1 por ciento del PIB; el gasto en pensiones el próximo año ascenderá a 188.000 millones, que suponen el 14,1 por ciento del PIB, y se espera un aumento de precios entre el 6 y el 7 por ciento, que supondrá un aumento del coste de las pensiones de unos 10.000 millones de euros. Esos son, efectivamente, los datos. La tentación de proceder a recortes es técnicamente evidente. La necesidad, desde un punto de vista tecnocrático, se puede justificar. Pero, frente a ello, se alza un principio de justicia. No se puede argumentar el derecho a la capacidad de poder adquisitivo de todos los ciudadanos y excluir a los pensionistas. Si las cifras se disparan, mala suerte: haber gestionado mejor. El pensionista no puede volver ser la víctima de un problema económico. A los gobernantes les pagamos para que lo sepan resolver.