Dentro de poco nos encontraremos aparcando en el 2020, un año que para los mayores representa algo que hace mucho llamábamos “futuro”. Pero en este futuro no veremos coches voladores como en la película, sino gente desplazándose (y atropellándonos) en patinete eléctrico, un vehículo de los años sesenta. Así, parece que el futuro llega con aspecto de pasado, de nuevo con ultraderechistas jurando cargos ante Dios con el objetivo de barrer rojos y progres y arrinconar a las mujeres, aunque estén empeñadas en dejar de ser personajes secundarios de su propia vida. Esas ultraderechas llegan con las mochilas sospechosamente llenas de porquería, algo que no importa a sus votantes que no miran tampoco los programas, nada sociales, que traen a bombo y platillo con charangas ruidosas llenas de banderas: privatizaciones para todos los servicios, que dejarían de ser “sociales” porque no habría para pagarlos gracias a las rebajas de impuestos a los privilegiados, sus auténticos patronos. Los ricos y poderosos no quieren pagar impuestos para que sobrevivamos los demás: a ellos no les hacen falta servicios públicos, se pueden pagar los privados y eso de mezclarse con la chusma en un hospital público, por ejemplo, les enerva sólo de imaginarlo, aunque sí exigen el dinero de los parias para educar “concertadamente” a sus vástagos “como Dios manda” …

Ante ese mantra de que, en lo social, todo avance es retroceso y que todo retroceso es el futuro, no nos vamos a resignar porque la esperanza y la determinación es nuestra. No lo hemos hecho nunca en peores situaciones; luchando hemos conseguido muchos sueños, y vamos a seguir luchando por nosotr@s y por tod@s, por l@s nuestr@s, por l@s que vengan y también por l@s que se irán… y nos iremos.

Seguiremos empeñados en defender y avanzar en los derechos como el del empleo, la vivienda, la salud, los servicios sociales, unas pensiones suficientes, etc., y para que la sociedad, en su conjunto, establezca mecanismos para la protección de las personas más vulnerables, no solamente porque sea nuestro sueño que también, sino porque la legislación española debe adaptarse a las normas internacionales ratificadas por nuestro país, según consta en la misma Constitución, en el artículo 10.2, porque nuestra legislación no puede contradecir una norma superior a la hora de interpretar el grado de protección de estos derechos.

Es evidente, en cuanto a las pensiones y protección social, la vulneración por parte del Estado español tanto del Convenio 102 de la OIT -firmado y ratificado por España- como, de forma más específica, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Código Europeo de Seguridad Social y la Carta Social Europea. Dicha normativa establece, "de forma inequívoca", la obligación por parte de los Estados de garantizar y preservar el poder adquisitivo de los pensionistas ante el incremento del coste de la vida.

En el caso de la Carta Social Europea -vinculante para los estados miembros de la UE- se determina la exigencia de «tender progresivamente a elevar el nivel de protección de la Seguridad Social» y, por tanto, a actuar de forma diametralmente opuesta a como lo están haciendo las últimas novedades legislativas introducidas por el Gobierno español en materia de pensiones y Seguridad Social. Es necesario adecuar la legislación de nuestro país a lo estipulado en estos Tratados y al espíritu de los mismos.

Y más concretamente creemos que el nuevo gobierno de coalición, aún nonato a la hora de escribir este texto, debe acomodar legislativamente en la Constitución Española la concreción de:

• La garantía de suficiencia económica de l@s ciudadan@s en las situaciones de vejez, viudedad, orfandad, invalidez o incapacidad, y desempleo.
• Una pensión mínima adecuada que garantice una vida digna, en función de lo que establece la Carta Social Europea: el 60% del salario medio en cada Estado.
• Un sistema de jubilaciones anticipadas al 100% en función de que la actividad realizada sea penosa, tóxica, de riesgo, etc, o por alcanzar o sobrepasar los 40 años de cotización efectiva.
• Una revalorización periódica de las pensiones, anual y en función del IPC real.
• La garantía, por medio de los Presupuestos Generales del Estado, de la financiación del Sistema Público de Pensiones complementariamente a las cotizaciones sociales, y, en su caso vía impuestos: la sociedad debe responder a las necesidades de las personas más vulnerables, puesto que tod@s lo seremos.
• La reducción hasta su desaparición, de la brecha de género en los salarios y las pensiones.
• La garantía del bienestar de pensionistas y dependientes mediante un sistema de servicios sociales públicos que les atiendan en cuanto a salud, vivienda, cultura y ocio.

Por todo lo anterior, l@s miembros de esta parcela de la sociedad aseguramos que vamos a seguir en las calles, reclamando los derechos de l@s pensionistas actuales y futuros y de l@s dependientes, porque ¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES PÚBLICAS SE DEFIENDEN!