Los familiares de víctimas de Covid en residencias advierten de la posible prescripción de causas

Los representantes legales de las asociaciones 7291 Verdad y Justicia y Marea de Residencias han manifestado su profunda preocupación ante la posible prescripción de las causas penales vinculadas a la no derivación de pacientes de residencias a hospitales durante los primeros meses de la pandemia en la Comunidad de Madrid.

El equipo jurídico del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) atribuye este riesgo a la "desidia" que, según ellos, ha mostrado el sistema judicial, según recoge Europa Press.

En una rueda de prensa que conmemoró el primer aniversario de la presentación de la denuncia colectiva inicial, los abogados advirtieron que están dispuestos a iniciar acciones legales directas contra los jueces que, al no llevar a cabo su trabajo de investigación, estén incurriendo en ilegalidades y actuando de manera contraria al ordenamiento jurídico.

El letrado Eduardo Sanz enfatizó que, aunque la extinción penal no se ha producido aún, hay cinco causas que se encuentran actualmente en riesgo.

La denuncia original fue presentada por un total de 109 familias y se dirigía contra altos cargos del Gobierno regional, acusándolos de la supuesta comisión de un delito de denegación sanitaria discriminatoria, tipificado en el artículo 511 del Código Penal.

La acción conjunta resultó en la apertura de 92 procedimientos judiciales, de los cuales 73 están actualmente en fase de instrucción. Ocho Juzgados de Instrucción de la Comunidad de Madrid han abierto causas contra funcionarios de la Administración durante la primera oleada de Covid-19.

La abogada Alejandra Jacinto detalló que, debido a la lentitud e inacción en determinados juzgados respecto a la apertura de procedimientos, el equipo jurídico ha presentado cuatro recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, además de diez recursos que se encuentran en fase de apelación.

Por su parte, el abogado Sanz subrayó que hay magistrados que no han realizado su trabajo de investigación.

Una de las personas afectadas condenó la sensación de impunidad que rodea estos hechos, comparando la situación con una "barbarie" y calificándola como la mayor vulneración de derechos en la historia de España.