La Ley de Dependencia no se cumple: el tiempo de espera sigue siendo eterno

El plazo máximo de tiempo estipulado por la actual Ley de Dependencia, desde el momento en el que entrega una solicitud hasta que se recibe una prestación, se sigue incumpliendo en España. 

La legislación determina que este lapso debe ser inferior a los seis meses. Ahora bien, pese a los esfuerzos realizados tras la pandemia de Covid-19, con políticas como el Plan de Choque u otras medidas adoptadas por las regiones para agilizar los trámites, en España, se sigue tardando de media 341 días en poder disfrutar de un servicio, lo que supera en más de cinco meses el tope legal. 

Así se desprende de la cuarta edición del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia –que corresponde al periodo octubre-diciembre de 2025–, presentado este viernes por la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, y la directora del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Mayte Sancho.

Fuente: Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

 

Martínez, que ha puesto en valor la reducción que se ha producido en los últimos años, pasando de 457 días, en 2020, a 341 a finales de 2025 –349 el trimestre anterior, pero 334 a comienzo de 2025–, ha reconocido que la disminución de estos plazos es uno de los "retos del sistema". En concreto, sólo La Rioja (174), Castilla-La Mancha (165), Aragón (141), País Vasco (129), Castilla y León (113) y Ceuta (82) cumplen con el límite legal. 

En la reducción de estos tiempos, ha detallado, influirán las medidas que puedan poner en marcha las comunidades para agilizar las gestiones, simplificando los trámites. Por otra parte, la reforma de Ley de Dependencia –en trámite parlamentario–, que incluye medidas para flexibilizar los procedimientos, podría ayudar a reducir estos tiempos. Y finalmente, el que se pueda contar con "recursos" adicionales –como puedan ser unos nuevos presupuestos– podría ser de utilidad para caminar hacia ese objetivo. Una meta, la de disminuir los tiempos de tramitación de las solicitudes, que comparten tanto el Estado central como las regiones, ha añadido. 

Lista de espera

Otro de los asuntos tratados durante la comparecencia ha sido el de la evolución del número de personas en lista de espera –entendida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 como los solicitantes que llevan más de seis meses tramitando su expediente sin haber recibido una ayuda–. 

En este caso, los datos son más positivos que en el de los tiempos de demora. En el año 2025, se redujeron estas cifras un 18,4%, hasta las 152.693 personas –34.469 menos que en diciembre de 2024–.  

Además, indican desde el ministerio en un comunicado, la lista de espera estaría menguando últimamente "de manera más rápida, ya que solo en el último trimestre el número de personas a la espera de una prestación se ha reducido en un 12,4%, lo que supone 21.713 personas menos". 

En total, desde el 31 de diciembre de 2020, cuando había 311.445 personas en esta situación, se ha producido una disminución del 51%.

32.704 muertes esperando una ayuda

No obstante, pese a estos datos positivos, miles de solicitantes siguen falleciendo cada año sin haber recibido una prestación.

Este mismo viernes, el Observatorio Estatal para la Dependencia de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha hecho público su último informe, en base a estos mismos datos publicados por el Imserso y proporcionados por las comunidades.

En él, se detalla que el número de muertes esperando la ayuda –todas, no sólo los que llevaban más de seis meses– habría sido en 2025 de 32.704, lo que equivale a la trágica media de 90 al día, o una cada 15 minutos.

De estos decesos, 17.994 esperaban ser valoradas y, 14.710, recibir la prestación a la que tenían derecho, informan en el observatorio.

"Cuatro millones de personas han recibido atenciones del Sistema de Atención de la Dependencia en estos 19 años de Ley, mientras que casi un millón de personas han fallecido en las listas de espera. Los procedimientos burocráticos, las escasas cuantías de las prestaciones, junto a la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad, hacen un sistema low cost que es poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia. A lo que hay que añadir la deficiente financiación y las desigualdades territoriales en su desarrollo", valoran desde la asociación y critican que el Gobierno sólo tenga en cuenta en "su lista" a las personas que llevan más de seis meses a la espera de recibir una prestación o de ser valoradas y no a todos los solicitantes.

En su caso, los directores y gerentes proponen analizar más bien cuántos solicitantes están en el "Limbo de la Dependencia", 258.167 a finales de 2025, 12.158 menos que a comienzo del año. En esta situación, añaden, habría 148.907 con derecho reconocido en espera de atención, lo que supondría 6.441 más que al empezar el año, y 109.260 pendientes de valoración, 18.619 menos. 

Récord de atendidos y de solicitudes

Durante la comparecencia, también se han proporcionado datos sobre el incremento de solicitudes al sistema, debido al progresivo envejecimiento de la población española. 

Las cifras reflejan claramente que estamos ante un cambio demográfico de gran magnitud. En el último año, el número de peticiones ha crecido un 7,4% (+160.667), siendo el aumento en este último trimestre de 2,4% (+53.750). Esto supone que el número total de solicitudes ha ascendido hasta las 2.326.315.

Y, en paralelo, también crecen los beneficiarios. En los últimos tres meses de 2025, se incrementaron un 3,8% (+59.780) y, con respecto a diciembre de 2024, un 9,4% (+141.151) situándose en 1.635.462 beneficiarios en diciembre. 

En relación a estos datos, Rosa Martínez ha destacado que la evolución sostenida del número de personas atendidas pone de manifiesto el papel creciente del sistema como pilar fundamental de protección social ante una mayor longevidad de la población. Y ha señalado que este proceso exige seguir ajustando el diseño de las políticas públicas y la financiación, recordando el crecimiento del 150% de los fondos desde el año 2020. 

Ahora bien, cabe recordar que España –cerca del 0,8%– todavía está lejos de la media de la OCDE –1,4%–, en cuanto a la parte del PIB que destina a Dependencia –patronales como CEAPs y sindicatos como CCOO proponen llegar al 2%–. Y aunque finalmente el porcentaje que aporta el Estado para esta partida ha crecido en 2025 respecto a 2024, principalmente, por la creación del Grado III+ en aplicación de la Ley ELA –500 millones suplementarios aportados vía Decreto Ley–, el objetivo de llegar progresivamente al 50% de aportación estatal, una meta incluida dentro del propio acuerdo de legislatura del Gobierno PSOE-SUMAR en 2023, queda aún muy lejos –se destinaron 3.729 millones de euros, en torno al 30%–.  

"El Plan de Choque para la Dependencia ha significado un importante avance en la reducción de las listas de espera, sin embargo, no ha cumplido con los objetivos esperados debido a una paralización en el aumento de inversión para la dependencia en 2024 y 2025", valoran desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. 

Nuevo modelo de cuidados

 

La cuarta edición del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia aporta asimismo información sobre dónde se estaría prestando mayoritariamente la ayuda a las personas beneficiarias. 

Según interpretan en el comunicado del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el panel mostraría, de nuevo, "una clara consolidación del modelo de cuidados de proximidad que prioriza la atención en el hogar y en el entorno cercano: el porcentaje de las prestaciones que se ofrecen en el entorno comunitario asciende al 57%".

"Desde el comienzo del análisis del sistema, este porcentaje se ha incrementado progresivamente hasta alcanzar un 4,5% más que hace cinco años", sostienen y aseguran que "la teleasistencia y la ayuda a domicilio se constituyen como los servicios profesionales más habituales, creciendo un 19,9% y un 10,6% respectivamente respecto al año anterior. Además, los datos muestran la tendencia hacia el aumento progresivo de la combinación de diferentes prestaciones; en los últimos cinco años se ha pasado de 1,27 prestaciones por persona en 2020 a 1,43 en diciembre de 2025 (+12,3%)".

Sin embargo, desde el Observatorio Estatal para la Dependencia hacen una interpretación diferente de esta tendencia: advierten que se puede estar consolidando un "aumento de servicios low cost, al incrementarse prestaciones y servicios de bajo coste como la Prestación por Cuidados en el Entorno Familiar o la Teleasistencia". 

Perfil del dependiente

Por último, el panel detalla cuál es el perfil de la persona solicitante: "mujer con una edad superior a los 80 años". "Porcentualmente, las mujeres representan el 62% del total de las personas solicitantes, respecto a un 38% de hombres", puntualizan en el comunicado.

"Por su parte, el perfil de la persona cuidadora no profesional también tiene un marcado rostro femenino: el 72,3% son mujeres y el 27,7% son hombres. Estos datos ponen de manifiesto que tanto la dependencia como los cuidados son ámbitos profundamente feminizados en los que más del 80% de las personas que trabajan en el Sistema de Atención a la Dependencia son mujeres", indican.

El reto de incorporar trabajadores

Finalmente, durante la presentación, la secretaria de Estado, Rosa Martínez, ha recordado la necesidad de incorporar trabajadores especializados en cuidados, para dar respuesta a las necesidades de los solicitantes. Se estima que de aquí a 2030 serán necesarios más de 260.000.

Para lograrlo, y que el sector sea "atractivo y deseable", ha propuesto tres ejes de actuación: la mejora de las condiciones laborales (incluyendo la remuneración, prevención de riesgos y el estudio de jubilaciones anticipadas), facilitar el acceso a la formación y acreditación profesional mediante un nuevo Real Decreto que permita a más personas incorporarse formalmente al sistema y fomentar la valorización social del trabajo de cuidados, un ámbito actualmente feminizado que a menudo se da por hecho y no se considera prioritario en la sociedad.