Familiares de residentes en Orpea Alcobendas denuncian "mala atención" y 17 muertes
La situación en las 13 residencias de mayores intervenidas por la Comunidad de Madrid sigue siendo dramática. Más de 15 días después de la primera intervención, el estado de estos centros, especialmente castigados por el coronavirus, no ha mejorado sustancialmente. Según denuncian familiares y trabajadores a 65Ymás, el material sanitario sigue sin llegar en grandes cantidades; no se ha contratado, en muchos casos, a suficiente personal para cubrir las bajas; los test han llegado a cuenta gotas y se ha separado por sectores a los residentes, "tarde y mal".
Estas residencias son: Casaquinta Ciempozuelos, Isabel La Católica-La Ventilla, Fundación Reina Sofía Alzheimer, DomusVi Espartales, Sergesa Boadilla, Monte Hermoso Madrid, Vitalia Leganés, Domus Vi Usera, Geriatel Rivas, Orpea Santo Domingo, Santísima Virgen y San Celedonio, La Purísima Concepción y Santa Teresa Jornet. Entre éstas, varias están en manos de grandes grupos empresariales como DomusVi (@DomusVi_Es), Orpea (@GrupoOrpea), Aralia o Vitalia.
Los centros siguen sumando cada día nuevas muertes y acumulan entre todos 594 fallecidos desde marzo (de 1.461 mayores residentes), aproximadamente un tercio de los que allí vivían, según datos de la Comunidad de Madrid. De los usuarios de estas 13 residencias, hay 308 sin síntomas y sin contacto con enfermos de coronavirus, 736 están sin síntomas pero en aislamiento preventivo por contacto con enfermos de Covid-19 y 215 aislados con síntomas y 202 positivos confirmados. Cabe destacar que en el total de residencias de la región (710, incluidas las de personas con discapacidad y enfermedades mentales), habrían fallecido más de 6.000 personas, por lo que los decesos en estos geriátricos suponen el 10% de las muertes totales. El número de trabajadores de estos centros se situaba a fecha de 24 de marzo en 1.345 personas, aunque no se especifica cuántos hay de baja.
Falta personal
"Tenemos delegados en 10 de los 13 centros intervenidos y nos comentan que no se ha cumplido con lo que los trabajadores reclamábamos. La ratio de personal del sector estaba bajo mínimos antes de la crisis y, ahora, con la mitad de la plantilla de baja, no tenemos trabajadores suficientes para atender todas las necesidades básicas de los usuarios", denuncia la responsable de residencias privadas de CCOO Madrid (@CCOO), Juani Peñafiel.
Y la principal razón por la que, según la sindicalista, no ha mejorado la atención es porque la intervención no ha sido total. Es decir, no se ha sustituido a la dirección de los centros por un empleado público con margen para gestionar y ampliar plantillas. Al contrario, la figura que han empleado se asemeja más a la de supervisor o personal de apoyo. "El empleado público que está asignado a cada centro se reúne con las direcciones, piden documentación para hacer un seguimiento y, luego, en muchos casos, se van", asegura. Y añade: "Nosotros cuando pedíamos la intervención, lo hemos dicho por activa y por pasiva, queríamos que fuese para tener más personal".
No es una intervención total
"No se han creído la intervención. Nos comunicaron que tenía grados: al principio, de carácter leve y, luego, podría intensificarse. Los interventores tienen más posibilidades de las que están queriendo asumir. Podrían pedir que el personal se ponga a su cargo y también todos los medios sanitarios que correspondan. Deberían actuar como si fuesen el empresario, es decir, si tienen que contratar a trabajadores, que lo hagan, y si después tienen que pedir una indemnización a las empresas, porque han sido incapaces de controlar la expansión del virus, que se la pidan", propone el presidente de la asociación de familiares y trabajadores Pladigmare (@pladigmare), Miguel Vázquez.
Por otra parte, Vázquez asegura que son conscientes de las dificultades que hay actualmente para conseguir material sanitario como "test y EPIs", y que ni las empresas ni administración "lo tienen fácil" para que lleguen. Sin embargo, piensa que se podrían adoptar muchas más medidas complementarias. "Tienen que hacer un acta de cómo estaba al principio y al final la residencia. No les tiene que nublar la vista la ideología. De los centros que tenemos noticias, el papel del interventor es muy laxo. Quizá las hay que colaboren pero, por lo que parece, el problema no es tanto ese como que no hay suficiente personal en la mayoría", apunta.
Con todo, asegura, una de las razones puede ser que haya poca gente que quiera trabajar en este contexto en el sector. "Como esto ha sido un negocio redondo a costa de los trabajadores y de los residentes, ahora que vienen mal dadas, te puedes encontrar con dificultades a la hora de contratar, porque no quieren arriesgar su vida por unos salarios de miseria (las auxiliares cobran uno 900 euros al mes). Pero todo esto tiene solución. Si intervienes para evitar una situación de riesgo inminente para los residentes, lo tienes que hacer del todo", sostiene.
Tan dramática es la situación de estos centros, que los propios familiares que defendían a capa y espada el control público de las residencias, ahora dudan si pedirlo para otros casos. "No se han mandado más médicos ni se ha medicalizado la residencia, como prometieron. No ha servido para nada. Además, la información no fluye. El material llega en parte por donaciones de los servicios de Protección Civil o de personas que se buscan la vida. Las empresas no se están moviendo", señala Carmen López, portavoz de la asociación Ademaf (@AdemafF), una agrupación que engloba a familiares del centro Isabel la Católica y de otros gestionados por la empresa Aralia.
"La mayoría de los funcionarios asignados son directores de centro de día. Hacen una visita y supervisan. Por ejemplo, si no se ha reestructurado la residencia y puesto por sectores, intentan que se haga. Pero todo permanece más o menos igual, dentro de las posibilidades del centro. Y, al final, los aislamientos no se pueden hacer, porque no hay personal suficiente. Cuando has empezado a aislar una parte de la residencia, se empiezan a contagiar en otra", apunta.
Asimismo, López añade que hay casos en los que sí que ha entrado personal nuevo, pero no se les ha hecho el test, por lo que han podido "contagiar a todo el mundo". "La gestión es pésima. Hemos dejado de solicitar la intervención. Ahora, pedimos que se reconozcan las limitaciones y que se pida ayuda al Estado, a la Organización Mundial de la Salud o a quien haga falta, no pueden seguir dejando morir a la gente", apunta.
Falta de información
Tampoco los residentes, principales víctimas de la pandemia, están satisfechos. "La intervención ha sido un fiasco. Es un descontrol, se han puesto de parte de las direcciones. Me siento engañada. Los trabajadores siguen sin los equipos de protección y, luego, unos se los ponen y otros no", critica Beatriz Cano una usuaria de la residencia de mayores de Usera y autora de Diario de una residente. Cano denuncia además que la "funcionaria" que envió la Comunidad a su centro llegó a asegurar que "la gestion era correcta y que estábamos en una situación privilegiada". "También afirmó que se había sectorizado el centro cuando, en mi planta, la de los no contagiados, había tres infectados", señala.
A día de hoy, ya han fallecido más de 30 mayores en el geriátrico de Usera y sólo esta semana han empezado a hacer test a todos los usuarios y a trasladarles a hoteles.
Finalmente, si en algo coinciden todos los familiares entrevistados es en la falta de transparencia. "Nos enteramos de lo que pasa por las trabajadoras, la empresa no nos dice absolutamente nada", asegura Laura a este periódico, una familiar de la residencia de Vitalia Leganés, uno de los centros con más muertos de España (96, según trabajadores y familiares de 266 residentes). En su caso, están sufriendo un verdadero calvario puesto que no sólo la empresa no colabora sino que tampoco les dan información detallada por parte de la Consejería, denuncia.
La patronal se pronuncia
Este periódico ha contactado con la patronal AESTE (@AESTE_oficial), en la que están representadas dos de las empresas que gestionan tres de los centros intervenidos: Orpea y Domus Vi. "En ambos casos, la denominada 'intervención' ha consistido en una tarea de desinfección por parte de la UME (como en el resto de las residencias), y en que se ha puesto un funcionario de la Comunidad de Madrid como enlace entre la residencia y la propia Consejería de Políticas Sociales", reconoce su secretario general, Jesús Cubero.
"En mi opinión personal la idea inicial podía ser buena, ya que se trataba de suministrar equipos de protección y personal a estos centros de forma específica, pero en ambos centros no ha supuesto más que introducir un intermediario más en el proceso de gestión de la información. No hemos podido contar con personal adicional ni equipos de protección de forma específica", explica.
Igualmente, Cubero afirma que para los casos de las residencias que representa, "al tratarse de grandes empresas, con estructuras muy profesionalizadas, tuvieron capacidad para solventar los problemas por ellas mismas". "De hecho, cuando los funcionarios se personaron en ambos centros, la situación estaba totalmente bajo control y al cabo de unos días el propio funcionario admitía a la Consejería que su presencia allí ya no tenía más sentido", señala.
Este diario se ha puesto en contacto con la Consejería de Políticas Sociales, Familia y Natalidad pero aún no ha recibido respuesta sobre cómo valoran su actuación en los centros intervenidos.