Muy activo el Tribunal Constitucional esta temporada. En 48 horas se cargó el impuesto municipal de plusvalía por atrabiliario y el segundo estado de alarma después de anular el primero. Lo políticamente más interesante es que la cogobernanza no fue constitucional porque se delegó en la autoridad autonómica competencias sobre derechos fundamentales. A mí no me parece que eso se saliera de la Constitución, pero es el típico caso para decir “doctores tiene la Iglesia…” De lo que discrepo es de las interpretaciones que ven en la sentencia “otro palo al gobierno”. Y no es otro palo solo al gobierno, sino a casi todo el mundo: a los diputados que votaron el estado de alarma; a todos los dirigentes autonómicos que aplicaron normas contrarias a la Constitución; a la Abogacía del Estado que no avisó a su gobierno; a todos los fiscales del Reino que no promovieron ninguna acción para cortar esa ilegalidad; a todos los analistas políticos; a todos los directores de medios, incluido 65ymas.com, y a todos lo que denunciamos chapuzas, errores, medidas contradictorias, pero jamás un incumplimiento constitucional. Todos, menos Vox y seis magistrados, castigados contra la pared.
