El nuevo modelo de cuidados no logra acabar con la precariedad laboral en la ayuda a domicilio

Uno de los objetivos del nuevo modelo de cuidados, nacido tras la pandemia y que se ha traducido en políticas como el Plan de Choque, el Acuerdo de Acreditación, la Estrategia de Desinstitucionalización o la futura Ley de Dependencia, era mejorar las condiciones de las trabajadoras del sector –la mayoría son mujeres–.

Este propósito resulta fundamental, no sólo por razón de justicia social, sino para hacer más atractivo un sector que, actualmente, tiene plantillas muy envejecidas y en el que se van a necesitar cada vez más profesionales por el progresivo aumento de dependientes –se deberán incorporar unos 261.400 de aquí a 2030–. 

En ese sentido, además de las políticas anteriormente mencionadas, en 2025, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunció la creación de una comisión interministerial que iba a trabajar para garantizar la incorporación de profesionales al Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD). 

Y el pasado viernes, durante la presentación de la cuarta edición del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, recordó que trabajan con tres ejes de actuación para que el sector sea "atractivo y deseable": la mejora de las condiciones laborales (incluyendo la remuneración, prevención de riesgos y el estudio de jubilaciones anticipadas), facilitar el acceso a la formación y acreditación profesional mediante un nuevo Real Decreto que permita a más personas incorporarse formalmente al sistema y fomentar la valorización social del trabajo de cuidados, un ámbito actualmente feminizado que a menudo se da por hecho y no se considera prioritario en la sociedad. 

Precariedad

Ahora bien, según denuncian desde los sindicatos CCOO y UGT a 65YMÁS, pese a las medidas adoptadas en los últimos años y las declaraciones hechas por parte de las autoridades, el sector sigue teniendo muchas carencias y las trabajadoras viven todavía en una situación de precariedad, que no termina de corregirse. 

Y en particular, una de las categorías laborales más vulnerables es la de las auxiliares de la ayuda a domicilio, un colectivo, fundamental para el nuevo modelo de cuidados. "Es un trabajo esencial para que miles de personas mayores que necesitan ayuda puedan seguir viviendo en su casa, pero sigue estando poco reconocido social y económicamente", explica la secretaria de Mujeres e Igualdad de la federación CCOO del Hábitat (@CCOO_Habitat), Concepción Santodomingo. 

Sueldos bajos

A nivel de sueldos, detalla, existen grandes desigualdades entre zonas del país: "según los diferentes convenios de aplicación –existen convenios a nivel nacional, autonómico, local y por empresas–, una jornada completa puede situarse entre aproximadamente 1.590 y casi 1.800 horas anuales, y los salarios brutos pueden oscilar entre unos 16.500 y 24.000 euros". 

"Esto supone que dos trabajadoras pueden tener diferencias de hasta 8.000 o 9.000 euros al año, dependiendo de dónde vivan y en qué comunidad autónoma", afirma. "Pero incluso en los territorios mejor situados, hablamos de salarios bajos para la enorme responsabilidad, carga física y desgaste emocional que implica este trabajo", valora Santodomingo.

Parcialidad y conciliación

Una opinión que comparte Moisés Torres, secretario del Sector de Servicios a la Comunidad y Atención Social de UGT (@UGT_Comunica), que habla de una "precariedad estructural", a pesar de la variabilidad de sueldos, y explica que otro problema añadido es la parcialidad, "que reduce de forma significativa las retribuciones finales".

"Muchas trabajadoras no acceden a jornadas completas aunque las necesiten", apostilla la secretaria de Mujeres e Igualdad de la federación CCOO del Hábitat. Esto provoca, sostiene, que se vean obligadas a "encadenar dos o tres empleos, con horarios partidos, sin descanso y sin vida personal", lo que "hace casi imposible la conciliación familiar y el cuidado de sus propias familias –menores a su cargo y familiares dependientes–".

Afectadas por la inflación

Además, la inflación ha hecho mella en las auxiliares. Aunque se han producido subidas en el marco de la negociación colectiva para compensar y les ha beneficiado el aumento del SMI a 1.184 euros en 2025, "el verdadero problema" es que este colectivo suele destinar "una parte muy elevada de su salario a gastos básicos como la vivienda o la alimentación, cuyos precios han aumentado muy por encima del IPC en los últimos años", comenta Moisés Torres. 

"La inflación ha tenido un impacto muy duro, porque los sueldos ya eran bajos de partida. Una trabajadora con jornada completa que cobra en torno a 1.100-1.200 euros netos al mes ve cómo el alquiler, la luz, el transporte o la cesta de la compra absorben casi todo su salario", asegura la secretaria de Mujeres e Igualdad de la federación CCOO del Hábitat.

Salud laboral

Y más allá de estas carencias, "destaca la especial dificultad para garantizar una adecuada protección de la salud laboral". "Las recientes sentencias que limitan la evaluación de riesgos en domicilios privados –en 2024 el Gobierno aprobó este medida, pero el Tribunal Supremo la tumbó–, junto con el histórico olvido de los riesgos psicosociales, han provocado un deterioro evidente de la salud de las trabajadoras en los últimos años, con un aumento significativo de las incapacidades temporales y permanentes. Además, la elevada penosidad del trabajo afecta especialmente a las profesionales de mayor edad –muy numerosas en el sector–, que en muchos casos se ven incapacitadas para continuar prestando servicio sin que exista, a día de hoy, una vía efectiva de acceso a la jubilación anticipada", denuncia el secretario del Sector de Servicios a la Comunidad y Atención Social de UGT. 

Y es que, puntualiza Concepción Santodomingo, las auxiliares se enfrentan a una "fuerte sobrecarga física y un desgaste emocional constante". Y esto no sólo las afecta a ellas, sino "también a las personas usuarias, porque el cuidado necesita tiempo, estabilidad y vínculos".

Nuevo modelo de cuidados

Otro problema, aseguran desde ambos sindicatos, es que el nuevo modelo de cuidados, tal y como está concebido, no termina de mejorar las condiciones de las auxiliares. "Si bien reconoce la importancia de la atención domiciliaria como elemento clave para favorecer la permanencia de las personas en su hogar, lo cierto es que los avances han sido mucho más visibles en el ámbito tecnológico –como la teleasistencia avanzada o la domótica– que en la ayuda a domicilio y en las condiciones laborales de sus trabajadoras", valora Moisés Torres.

Y en algunos casos, puntualiza, "la priorización de las preferencias de las personas usuarias ha derivado en una desregulación de los horarios que dificulta gravemente la conciliación, somete a las trabajadoras a cambios constantes de jornada y les impide planificar su vida personal con un mínimo de estabilidad".

"Se han producido avances sobre todo en el enfoque: se habla más de autonomía, dignidad y acompañamiento, y no solo de tareas domésticas. Se reconoce que el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) es clave para combatir la soledad no deseada y favorecer que las personas mayores permanezcan en su entorno. Sin embargo, estas mejoras no siempre han ido acompañadas de más recursos. Se exige más calidad y más humanidad en el cuidado, pero sin aumentar tiempos, plantillas ni salarios, lo que genera una gran frustración en las trabajadoras", opina la representante de CCOO, Concepción Santodomingo.

La Ley de Desindexación

Además, las condiciones precarias de las auxiliares tienen que ver con la falta de aportación de fondos por parte de las administraciones –habrían aumentado en los últimos años, pero no lo suficiente–, en un sector que depende, por lo general, del dinero del contribuyente. Según denuncian desde UGT, "el modelo de contratación pública sigue priorizando el precio más bajo en los concursos, situando a las trabajadoras como las principales víctimas de esta lógica". Y esta situación "se ve agravada por la Ley de Desindexación de 2015 –desvincula los contratos del IPC–, que fija precios durante varios años y dificulta enormemente la posibilidad de pactar subidas salariales reales en la negociación colectiva".

Una crítica, que comparten desde la patronal de la ayuda a domicilio ASADE, que reclama modificar esta legislación. Desde esta organización reconocen también que "sin duda la inflación ha afectado estos últimos años a toda la sociedad y, en mayor medida, a aquellos profesionales que desarrollan su trabajo en servicios como la ayuda a domicilio, vinculados a la Administración a través de la Ley de Contratos del Sector Público. Esto es muy sencillo de entender. En los años 2021 y 2022, la inflación fue del 6,5% y el 5,7% respectivamente. Esto es, nuestro coste de vida subió en esos años algo más de un 12%. Como la Ley de Desindexación impide trasladar los nuevos costes a los precios de contratos públicos durante su vigencia, la negociación colectiva se retrasa y las subidas de salarios resultan de aplicación con los nuevos contratos. Situación que, en algunos casos donde las prórrogas se aplican de manera unilateral por parte de las administraciones, puede alcanzar los 4-5 años. Y en ese tiempo, los costes han subido, pero no así los salarios de los trabajadores".

Propuestas de mejora

Este diario ha preguntado tanto a los sindicatos como a la patronal qué cambios reclaman de cara a mejorar las condiciones en el sector. 

Desde UGT Servicios Públicos piden "que la próxima negociación del convenio estatal incorpore mejoras sustanciales: reducción de jornada, ampliación de permisos que favorezcan el descanso y la conciliación,
subidas salariales que garanticen condiciones de vida dignas y mayor estabilidad en el empleo". "Pero estos cambios no pueden recaer únicamente en la negociación colectiva", matiza Moisés Torres. "Exigimos también a las administraciones públicas que asuman su responsabilidad, modifiquen la Ley de Contratos del Sector Público y eliminen la Ley de Desindexación, de manera que se premie la calidad del servicio y las mejoras laborales, y no las ofertas a la baja", señala. "Asimismo, reclamamos la actualización del listado de enfermedades profesionales y la posibilidad de jubilación anticipada para unas trabajadoras sometidas a una penosidad que hace inviable prolongar su vida laboral en condiciones dignas", añade. 

 

Por su parte, desde CCOO piden "algo muy básico": "poder vivir dignamente de su trabajo". Un objetivo que se conseguiría, resumen, con salarios que permitan llegar a fin de mes, acceso real a jornadas completas para quien las quiera, menos carga y más tiempo por persona usuaria, estabilidad en el empleo, reconocimiento profesional del trabajo de cuidados, pliegos públicos que prioricen la calidad del servicio y no solo el precio y más inversión pública en el sistema de cuidados, que "se sostiene sobre el trabajo de miles de mujeres en condiciones de gran precariedad". "Si queremos que las personas mayores vivan con dignidad, debemos garantizar primero la dignidad de quienes las cuidan", opina la secretaria de Mujeres e Igualdad de la federación del sindicato, Concepción Santodomingo.

Por último, desde ASADE confirman que "las reclamaciones que se trasladan de manera habitual desde los trabajadores y sus representantes, los sindicatos, giran en torno a los incrementos salariales, la eventualidad o las dificultades que genera la recurrente parcialidad del empleo en el sector". "Desde las entidades gestoras son preocupaciones que compartimos y que trabajamos para mejorar, para lo que se hace imprescindible el compromiso y la voluntad de las Administraciones Públicas titulares de estos servicios y quienes definen como se prestan los mismos, con qué medios y a qué precio se abona, impactando en todo lo anterior", concluyen.