Vuelta al cole en pensiones: Jubilación reversible y cuotas de autónomos, los temas candentes

Cuánto se cobrará de pensión con la jubilación reversible que propone el Gobierno

Jubilación anticipada de profesiones penosas: cómo acceder a los coeficientes reductores

 

El próximo 15 de septiembre, se reunirá previsiblemente la primera Mesa de Diálogo en Pensiones tras el parón vacacional, entre el Ministerio de Seguridad Social y los agentes sociales habituales (los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE-Cepyme), a la que seguramente se sentarán también las organizaciones de autónomos, para iniciar las negociaciones de las nuevas cuotas y cambios del RETA para 2026 en adelante. 

Esta es la fecha prevista de arranque del nuevo curso en pensiones, con varias asignaturas pendientes, otras estancadas y algunas nuevas, en lo que el Ministerio pretende que sea un sprint y llegar a fin de año con la mayoría de reformas acordadas y aprobadas. Los sindicatos son escépticos, debido a que, como criticaban recientemente, "el Ministerio acostumbra a pasar por 50 temas por encima, lo que no es operativo ni productivo. Además, el Gobierno se emperra en hablar de la incapacidad laboral transitoria y de las altas médicas progresivas, y nosotros vemos otras materias más fundamentales".

Entre las prioridades del Ministerio destaca asimismo la nueva jubilación reversible, última modalidad que le falta por reestructurar, tras haber introducido grandes cambios en la jubilación parcial, activa y demorada. El objetivo es que los ya jubilados vuelvan a trabajar con jornada parcial y una menor pensión durante el tiempo que permanezcan trabajando.

Para los sindicatos, es urgente aterrizar la jubilación anticipada por penosidad, aprobada en mayo de 2025, una fórmula que permitirá a determinados colectivos y actividades reducir la edad legal de jubilación, sin perder parte de su pensión, en función de la incidencia, persistencia y duración de las bajas médicas, así como las declaraciones de incapacidades permanentes y los casos de fallecimiento. 

Asimismo, los agentes sociales ven prioritario reformar el complemento de brecha de género, para adaptarlo a la sentencia en contra de España dictada por el Tribunal Superior de Justicia Europeo.

Y, en un pequeño paréntesis, recordar que septiembre será un mes clave para varios millones de jubilados, antiguos mutualistas, que al fin están empezando a cobrar de Hacienda las devoluciones por el IRPF que pagaron de más, al no haberse podido deducir en su momento las cuotas de mutualidades en su declaración de la Renta. 

Falta el sí de sindicatos y patronal a la jubilación reversible

Al Gobierno le corre prisa sacar adelante su reforma de la jubilación reversible, para lo cual, incluso, ha sacado ya a consulta pública un proyecto de Real Decreto de jubilación reversible, que deberá ser negociado con los agentes sociales.

Consistirá en la compatibilización del cobro de parte de la pensión de jubilación con un trabajo a tiempo parcial, que podrá ser por cuenta ajena o como autónomo. Se trata de una reforma dirigida a convencer a los jubilados de que vuelvan a trabajar, bajo ciertas premisas y con ciertos requisitos.

La propuesta oficial, cuando la jubilación se compatibilice con un trabajo a tiempo parcial, es que el importe de la pensión se reduzca en proporción inversa a la rebaja de jornada de trabajo. Si la actividad por cuenta ajena a tiempo parcial compatible se inicia por primera vez una vez transcurridos 6 meses desde la fecha en que se hubiera causado la jubilación, el importe de la pensión se incrementará según la siguiente escala:

- Cuando la jornada de trabajo a tiempo parcial se encuentre comprendida entre un mínimo del 60% y un máximo del 80%, el importe de la pensión compatible con el trabajo se incrementará en un 20% adicional.

- Cuando la jornada de trabajo a tiempo parcial sea igual o superior al 40% e inferior al 60%, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo aumentará un 10% extra.

Jubilación anticipada por penosidad: ¿para quiénes y cuándo?

Transportistas, conductores de pasajeros, camioneros, albañiles, bomberos forestales, buzos, enfermeras, cuidadoras, policías nacionales.... Toda una serie de profesiones y actividades que aspiran a que se concrete su jubilación anticipada, con base en la última reforma de los coeficientes reductores de edad por penosidad, peligrosidad e insalubridad y que aún se encuentra a falta de arrancar de manera efectiva.

Los policías nacionales han logrado que el Tribunal Supremo declare la obligación de la Administración del Estado de "iniciar el procedimiento y elaborar una disposición reglamentaria para la regulación de la jubilación anticipada para los miembros de la policía nacional" que estén encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, y que se haga "en condiciones de igualdad con el resto de cuerpos policiales autonómicos y locales". La pelota está, pues, en el tejado del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez.

Otros colectivos, como los del sector de la construcción, transportistas, bomberos forestales o buzos, tienen el apoyo de los sindicatos para ello, y en varias ocasiones se ha anunciado que están muy cerca de lograrlo. 

No obstante, la realidad a 1 de septiembre de 2025 es que no hay avances decisivos en la aplicación del nuevo sistema objetivo de coeficientes reductores, que permita a ninguna profesión decir, hoy por hoy, que lo han conseguido.  

ATA y UPTA ponen deberes al Gobierno para hablar de cuotas

Las dos principales organizaciones de autónomos del país, ATA, que preside Lorenzo Amor, también vicepresidente de CEOE; y UPTA, con Eduardo Abad como presidente, denuncian la falta de avances para abordar la fase final de la reforma del RETA (el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), un proceso crucial para el colectivo.

Y es que, cuando faltan apenas cuatro meses para establecer el modelo definitivo del sistema de cotización a partir de 2026, ambas organizaciones critican el enorme retraso, ya que el Ministerio se había comprometido a iniciar los encuentros técnicos con todas las partes a lo largo del pasado mes de mayo.

Por parte de UPTA, reclaman al Gobierno que ponga en marcha el subsidio de desempleo para los trabajadores autónomos mayores de 52 años, medida de la cual se podrían beneficiar anualmente unas 7.000 personas. Les urge, asimismo, "abordar el relevo generacional para los 472.000 trabajadores por cuenta propia que se jubilarán en los próximos tres años. Hay más de 600.000 autónomos que han cumplido o sobrepasan los 60 años de edad, teniendo mayoritariamente más de 20 años de antigüedad en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos", recodaba recientemente Eduardo Abad.

Desde ATA, Lorenzo Amor lamenta que el nuevo sistema de cotización "no ha funcionado como todos preveíamos" porque, a su juicio, favorece a las empresas más grandes y penaliza a pymes y autónomos, y critica que, mientras el 75% de autónomos han pagado menos o igual, el 25% (1 de cada 4) ha tenido que pagar 450 euros más de lo que pagaban en 2022.

Amor advierte de que "no se puede iniciar un proceso para negociar nuevas cotas mientras persistan problemas que han perjudicado a los autónomos en este año", y emplaza a la Seguridad Social a "devolver y restituir todo lo que se ha hecho mal en la regularización del año 2023".

Sindicatos exigen reformar el plus de brecha, enmendado por Europa

Las mujeres cobran unos 500 euros menos de pensión que los hombres, en concreto, 490 euros menos que ellos y 521 euros menos, si se compara solo la cuantía de la pensión de jubilación, según dejan ver los datos publicados por la Seguridad Social.

Para tratar de cerrar esta brecha, el Gobierno puso en marcha (febrero de 2021) el complemento de brecha de género, que se aplica a las prestaciones aprobadas a partir de esa fecha, y debería estar vigente hasta que la diferencia entre el importe de las pensiones contributivas de jubilación de mujeres y hombres no baje del 5%.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictó en mayo que el plus tiene que ser reformado, porque discrimina al hombre, al favorecer a las madres en detrimento de los padres. En consecuencia, el Ministerio de Seguridad Social tiene sobre la mesa modificar el complemento, pero las negociaciones en la Mesa de Pensiones están estancadas, según denuncian los agentes sociales.

Toca convocar de nuevo al Pacto de Toledo

El Ministerio de Seguridad Social ha avanzado que la próxima revisión de las recomendaciones del Pacto de Toledo está prevista para finales de 2025, puesto que se cumplen cinco años desde que vieran la luz.

Esta comisión parlamentaria deberá evaluar el grado de cumplimiento de las 22 orientaciones consensuadas por el Congreso de los Diputados en 2020. Casi todas las recomendaciones han inspirado reformas ya aprobadas y asentadas, como la revalorización de pensiones con el IPC,  el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos, los cambios para flexibilizar la jubilación (demorada, activa, parcial) o el alta en la Seguridad Social de jóvenes en prácticas no remuneradas.

Ministerio y sindicatos, enrocados en IT y altas progresivas

Según fuentes sindicales, uno de los principales puntos de fricción es que "el Ministerio de Seguridad Social está emperrado en hablar de bajas y altas laborales en unos parámetros que nosotros llevamos todo el año diciendo que no. Lo decimos los cuatro agentes sociales: UGT, Comisiones, CEOE y Cepyme. Pero desde el Gobierno siguen, erre que erre, llevando a la mesa de diálogo el mismo tema".

El modelo de alta gradual para la reincorporación progresiva al trabajo es uno de los objetivos del Ministerio para 2025, y de hecho, la ministra ha asegurado que su intención es que entre en vigor este mismo año. La idea del Ministerio es que la reforma, de aprobarse, se aplicaría solo en bajas de larga duración, es decir, que superen los 90 días.

El 'caso Asjubi40', pendiente del Parlamento español y europeo

En julio de 2025, dentro de sus reivindicaciones en pensiones, UGT planteó ante el Pacto de Toledo que se supriman las penalizaciones excesivas en la jubilación anticipada involuntaria, especialmente para quienes han cotizado más de 36 años". Una demanda que coincide en parte con la reivindicación de la asociación Asjubi40, que lleva más de 9 años exigiendo la eliminación de las penalizaciones a quienes tengan 40 o más años cotizados.

Los casi 900.000 jubilados anticipados con largas carreras y penalizados, a los que representa, esperan desde hace meses que el Congreso de los Diputados debata la Proposición no de Ley presentada por Podemos, para que les supriman los recortes de pensión perpetuos. Y el 24 de septiembre, expondrán su caso en persona en la sede de Bruselas del Parlamento Europeo, donde han interpuesto una reclamación.